Imagen corte suprema de justicia

¿Ataque político o medida de aseguramiento?

Es urgente una constituyente para despolitizar a la justicia

La medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya había sido anunciada en todos los mentideros políticos y judiciales, pues el odio y el deseo de venganza de la sala penal de la Corte contra éste, son hechos notorios. La justicia no puede continuar operando así y por ello se requerimos una constituyente para reformarla.

En efecto, los mentideros políticos y judiciales, desde hace varios años, dan cuenta de que la Sala Penal de la Corte de Suprema de Justicia, atiborrada de procesos, sin que sus magistrados muevan un solo dedo para tratar de encontrar una solución creativa para resolver esa aberrante denegación de justicia, no tiene otros temas o asuntos de qué tratar, salvo los relacionados con el expresidente Uribe y su núcleo de amigos y allegados, de quienes, varios de esos magistrados, les hablan pestes a todos aquellos que quiera oírlos, pues es una corte que está herida, con razón, por las interceptaciones y por otros actos despreciables, que soy el primero en condenar, de los que esos magistrados acusan a Uribe como su autor intelectual y, al parecer, a algunos de sus colaboradores como sus autores materiales, personajes por los cuales aquellos sienten un odio visceral y un profundo desprecio.

La imparcialidad a la que tiene derecho el expresidente Uribe, está seria e indiscutiblemente comprometida, pues ni la sala de instrucción ni las de juzgamiento de primera y de segunda instancia, pueden ofrecérsela, pues, como se dijo, el odio y el deseo de venganza de aquellas contra éste son hechos notorios. Por las anteriores razones esos magistrados deberían declararse impedidos para investigarlo y para juzgarlo, pues así debe hacerlo cualquier funcionario judicial que hubiere: “…4.manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso; o cuando existe“…5… enemistad grave entre alguna de las partesy el funcionario judicial…” (Art 56 de C P.P).

Como se recordará algunas grabaciones, producto de las lamentables interceptaciones ilegales, cuyo contenido ─ para bien de la administración de justicia ─ conoció el país, dan cuenta de que algunos magistrados lanzaron contra Álvaro Uribe Vٞélez y su gobierno frases repletas de odio y otras en que invitaban a sus pares a perseguirlo judicialmente, al extremo de justificar esos desafueros como propios de una legítima defensa de aquellos contra el expresidente, a quien consideran su peor enemigo.

Se recordarán también las desafortunadas declaraciones de los magistrados Hernández y Barceló, culpando a Uribe, a sus abogados y a otros juristas, de distintos bufetes, de politizar los procesos y de promover el desprestigio de la Corte, a la vez que criticaron a Uribe y a sus abogados, a quienes nos los presentaron como malos ciudadanos y pésimos ejemplos para las nuevas generaciones de abogados. ¡Por Dios! Si la Corte decide investigar a Timochenko, a Santrich, a Samper o a cualquiera de los Gavirias, el proceso nace absolutamente politizado. No es cierto, pues, como lo dijo el magistrado Hernández “…que los procesos, los casos, se discuten ante los jueces y no se juzgan en los medios de comunicación…” y no es cierto, porque no obstante que así debería serlo, en Colombia sucede todo lo contrario y él lo sabe.

Esa entrevista, a la que me refiero y que esos magistrados utilizaron para despotricar de Uribe y de sus abogados, no tiene justificación alguna, pues ningún magistrado imparcial, sereno, justo y objetivo, de la vieja escuela, se la hubiera concedido a periodista alguno, ni nunca, hasta ahora, se la había concedido. Es una vergüenza. ¡Tal es el odio en contra el expresidente!

 Link para ver la entrevista: https://m.youtube.com/watch?v=QtTP1MikJr0

La realidad nos muestra que así actuaban los viejos magistrados cuando carecían de intereses políticos, pues aquellos nunca explicaban sus providencias o sus acciones, pues las providencias se explican por sí mismas, pero, hoy en día, la Fiscalía y las Cortes, órganos absolutamente politizados hasta los tuétanos y administradores de numerosas clientelas inmundas, cuando quieren perseguir a alguien, utilizan a los medios de comunicación para destruir la imagen de los investigados o para jalarles a estos las lenguas en circos mediáticos, dirigidos por periodistas parcializados que inclinan al común, a abrazar la posición de los jueces y fiscales a quienes les sirven, lo que violenta el derecho de defensa, la honra de los entrevistados, atenta contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial y da al traste con las investigaciones, generándose así toda suerte de injusticias y atropellos.

Usted, amable lector, se enteró de la medida de aseguramiento contra Uribe primero que el expresidente y que sus abogados, a través de los medios de comunicación que celebraban el trofeo fariano, que les entregó la Corte, como primicia.

No conozco la totalidad del expediente contra el expresidente Uribe y, por lo tanto, carezco de suficientes elementos para poder asegurar, más allá de toda duda razonable, que el presidente Uribe sea responsable, ni tampoco cuento con los necesarios para concluir que el expresidente es inocente, pero lamentablemente la forma en que la Corte ha manejado este y otros procesos me han hecho perder a mí y a otros colombianos, la fe que en ella teníamos depositada.

Por ejemplo, los testigos que declararon en contra de Uribe y de su hermano, son unos hampones de la peor calaña, fuentes sucias, que inexplicablemente le ofrecen plena credibilidad a la Corte. Hampones de la talla de Carlos Areiza Arango (q.e.p.d) o de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el mitómano sicario de Pablo Escobar, quien mintió en el “juicio” político contra Santofimio, en más de treinta y tres (33) ocasiones, testimonio que utilizó la Corte para condenar al político tolimense, pasando por alto que se trataba de la deposición de un mitómano, narcotraficante y asesino infame, a quien si lo volvieron a poner tras las rejas, no obstante que adelantaba labores para desprestigiar a Uribe, fue porque estaba posicionándose como nuevo jefe de la mal llamada oficina y ni para que hablar de Juan Guillermo Monsalve, otro delincuente, un ex integrante de las autodefensas que tanto combatió Uribe o de un tal CALICHE que ha incurrido en varias contradicciones ante la Corte.

Una sana apreciación de las pruebas exige que los testimonios de quienes incurren en contradicciones deben ser desechados, pues al decir de Balmes “…el que dice la verdad dice siempre lo mismo; el que miente incurre en frecuentes contradicciones: en lo cual se funda el arte del Juez para descubrir la verdad en medio de las imposturas con que la encubren las mañas del crimen, o quizá la timidez de la inocencia.” El que dice la verdad, “…contará siempre la misma cosa del mismo modo, con idénticas circunstancias de tiempo, de lugar, y de cuanto concierne al suceso; pero un mentiroso …, cuenta como real una aventura fingida, cambiará fácilmente algunas circunstancias, lo cual pondrá de manifiesto su falta de veracidad…”

No tiene ninguna lógica que, después de dos años de investigación, de 20.000 horas de interceptaciones, de más de cien declaraciones, se dicte una medida de aseguramiento, con fundamento en que el investigado puede entorpecer la investigación. Esa justificación lo único que demostraría es que es tal la debilidad de la prueba arrimada al plenario, que tienen que seguir buscándola, caso en el cual no se justificaría esa medida de aseguramiento como lo ha sostenido la Corte Constitucional, cuando afirma que “… resultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las pruebas, o la comparecencia del sindicado a la justicia, se ordenara la detención preventiva…”¿Cómo asegurar, pues, al investigado?.

Pero no fue por esa razón que la Corte lo aseguró, así ésta asegure contrario. La verdad es que la sala de instrucción, con esa medida de aseguramiento de 1545 páginas, que por el volumen es un verdadero atentado contra el derecho de defensa de Uribe o de cualquier colombiano, comprometió el criterio de la sala de primera instancia, la que se verá obligada a condenar al expresidente, para no ridiculizar a sus pares, quienes ya fallaron, quienes ya se pronunciaron de fondo, sin permitirles a los falladores valorar la prueba, como les correspondía, porque ellos ya lo hicieron, pues de conformidad con la misma sentencia precitada, la Sentencia C-805/02, “…para que las decisiones del fiscal ─ léase de la Sala de Instrucción de la Corte─ sobre medidas de aseguramiento se basen en motivos fundados, deben obrar en el acervo probatorio dos indicios relativos a hechos objetivos que indiquen con una alta probabilidad, más allá de la simple sospecha o de la mera constatación de una posible vinculación de la persona con los hechos investigados, que la persona es responsable, es decir, que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. Sentencia C-805/02. ¡Uribe está condenado y no lo van a liberar antes de 8 o 10 años!

La realidad política es que esa medida es un trofeo para Samper, Petro, Juan Manuel y Enriquito Santos, para todos los mamertos, para Cuba, las FARC, el ELN, el narcotráfico y el terrorismo internacional.

La realidad es que Juan Manuel Santos Calderón, el viejo amigo de los Castros, conocido por el común como el comandante Santiago, cuando el país iba viento en popa; Uribe había neutralizado a las FARC y destruido a los paramilitares, al punto de que los secuestros habían caído en cerca de un 90% y los actos terroristas, en pueblos y ciudades, se habían reducido en un 80%; cuando la economía no podía estar mejor, pues la confianza había retornado, de la mano de un incremento de un 25% en la inversión extranjera; cuando ya no estábamos encarcelados por las FARC y podíamos transitar por las carreteras; cuando el pueblo lo aplaudía por defender nuestras banderas, las de Uribe, nos engañó a todos los colombianos, cuando nos juró que si lo elegíamos presidente, el combatiría a las FARC, a las que no se les podía permitir resurgir de sus cenizas, cuando, en realidad, lo que perseguía era fortalecerlas y de qué manera, contando para ello con la estrecha colaboración de Hugo Chaves Frías, su “nuevo” mejor amigo y de Raúl Castro, un par de hampones cuyas dictaduras sangrientas y todas sus tropelías, Santos y Samper, defienden a rabiar.

¡Que fraude electoral tan sucio!, pero ¿Qué más se puede esperar de este estafador, de este falso Nobel de Paz?, de quien se dice que corrompió hasta las autoridades noruegas para obtener ese título, echando mano para ello de nuestros recursos petroleros y, lo que es peor aún para el país, este sinvergüenza de Santos, en certera puñalada al corazón de la democracia, desconoció la voluntad popular, expresada en las urnas, para imponernos, a las patadas, una paz sangrienta y mal hecha, mal estudiada, mal concertada, corrupta, corruptora, absolutamente enmermelada, la que no nos ha traído sino más muertos y más violencia, sin que podamos olvidar que con la colaboración del peor fiscal que de Colombia ha sido, fabularon un ataque al proceso de paz, con falsos testigos, el de famoso hacker, para hacerse reelegir y continuar adelantando sus felonías, como las de haberle fabulado crímenes de narcotráfico al almirante Bacci, para perseguirlo. ¡Que porquería!

Lamentablemente ahora nos viene la cereza del pastel: la Corte le voltea una investigación a Uribe, para expropiarle su curul y facilitar el accionar de los grupos de izquierda y de guerrilleros enquistados en el congreso y destruir así lo poco que nos quedaba de democracia y conducirnos a una dictadura, sin medir las consecuencias que de esa decisión puedan derivarse. ¿Qué opina usted, amable lector, se trata de una decisión política o judicial?

Esa medida de aseguramiento es la plena prueba de que la sala ya prejuzgó y que no va a cambiar de opinión, como dicen en la costa, “más nunca” (“Roma locuta causa finita”). Uribe ya fue condenado lo mismo que lo será Andrés Felipe Arias Leyva, por segunda vez y el exalcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos Botero. Eso está cantado, no los salva ni Perry Mason. Olvídese doctor Uribe de la Corte. Acuda a cortes internacionales ya. Su condena es política y como decía Gaitán “Cuando la política arriba a las puertas del palacio de la justicia, ésta asciende a los cielos.”

Las relaciones de la Corte con el peor presidente que de Colombia ha sido y las decisiones en los casos de Andrés Felipe Arias Leyva y del exalcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos Botero; sumadas al hecho de que la Corte no quiso investigar a Piedad Córdoba ni a otros, por el famoso caso de los computadores de Reyes; a que aplaudió el accionar de Cepeda, calificándolo de humanitario, no obstante las serias denuncias de que éste y Teodora ofrecía dineros y prebendas a quienes declararan en contra de Uribe; a que al parecer no investigado, a ningún funcionario por la pérdida de más de 8.000 millones de dólares en Reficar, ni a muchos otros servidores aforados que han incurrido en delitos de la mayor gravedad; al hecho de que excluyó de la sala penal a la magistrada Lombana, por haber hecho una pasantía en la oficina de Jaime Granados, presentándola así como una corrupta frente al país y no encontrar irregularidad alguna en que el magistrado Reyes hubiere trabajado como compañero de trabajo o subordinado de la señora de Iván Cepeda; asegurar que el teléfono de Uribe fue chuzado por error; sin que pueda olvidarse el descalabro conocido como cartel de toga y, el peor, liberar a Santrich, no obstante la contundencia de las pruebas que se le arrimaron para que lo hiciera, son hechos que nos hicieron perder a muchos colombianos la fe en esa alta corporación.

Claro que los abogados de Uribe tenían que acudir a las cárceles a entrevistar a algunos testigos, porque se ha vuelto común la criminal práctica judicial de utilizar falsos testigos, no para establecer la verdad y mucho menos para administrar justicia, sino para ejercer venganzas contra algunas instituciones y personas que algunos funcionarios judiciales, consideran sus enemigos. Impresiona que personas como Plinio Apuleyo Mendoza declaren con certeza: “…En mi trabajo de periodista visité diferentes cárceles y centros de reclusión militar, y sé cómo un testimonio inventado se convierte en una poderosa arma de guerra. Me ha correspondido defender a importantes personajes, militares y civiles, por falsas imputaciones.” Y yo confirmo sus asertos, pues lo mismo sucedió en el caso del almirante Bacci, a quien lo salvó un magistrado de la sala penal, de la vieja escuela, un magistrado honrado, que hasta pidió que se investigara al jefe de inteligencia de Santos y al mismo Santos y nada ha pasado. Lo mismo sucede en la investigación por el magnicidio de Galán, como de ello da cuenta un reciente fallo de la sala penal del Tribunal de Cundinamarca y en muchas otras investigaciones. ¿Cómo no visitar, pues, a los presos, en las cárceles, frente a tales amenazas y a la abundancia de dineros sucios, de dineros del narcotráfico, en manos de los mamertos, pues el acuerdo es un rey de burlas?

Tiene razón Paloma Valencia Laserna, al asegurar que requerimos una constituyente que despolitice a la justicia, pues no queremos a personajes como Santos o como los exmagistrados Bustos, Ricaurte o Malo, de magistrados y por ello hay que volver a una selección rigurosa de jueces y magistrados como lo imponía la constitución de 1886. Se trata de elegir jueces y no politiqueros con clientelas. ¡No queremos unos Roys Barreras administrando justicia!

Hoy en día, para elegir al fiscal, se elabora una terna por el presidente y los tres integrantes de ella deben pasar por los despachos de los magistrados de la Corte a hacer lobby, a ofrecerles puestos y otras prebendas, buscando con ellas que los elijan. ¡Qué asco! Lo que les permite a esos magistrados colocar a sus familiares y amigotes en la Fiscalía (nepotismo), entidad que cuenta con más de 23.000 empleos o en la procuraduría la que cuenta con otros 22.000, pues el procurador también les da puestos a los magistrados y la señora del fiscal es la secretaria del contralor y la del contralor la del fiscal, todo esto politiquería.

Además, el fiscal, de origen político y el procurador ibidem también les dan puestos a los honrables parlamentarios y el procurador, adicionalmente, a los magistrados de la Corte, si hubiere sido ternado por ésta o a los magistrados de Consejo de Estado si hubiere sido ternado por éste y de todas maneras les ofrece puestos a los magistrados de la Corte, quienes serían su jueces disciplinarios y si hubiere sido ternado por la Corte a los del Consejo de Estado quienes se convertirían en su jueces disciplinarios y de ahí crecen las clientelas y salen los jueces, fiscales y procuradores gramscianos, quienes desprecian el ordenamiento y hacen lo que le viene en gana únicamente y tienen a la justicia sumida en un caos, paralizada y desmoralizada.

Limpieza. Es la Corte la que debe elegir a los magistrados por cooptación, de entre los señores magistrados de los tribunales qué hubieren ganado los concursos y que adicionalmente se distingan por la calidad de sus providencias y no de una lista de rábulas y politiqueros que le presente el muy cuestionado y politizado Consejo Superior de la Judicatura. Las cortes no deben elegir a nadie más, ni dedicarse a administrar clientelas inmundas, como lo están haciendo, deben dedicarse a estudiar y administrar justicia que es lo que no están haciendo.

Así como a nadar se aprende nadando, a pintar pintando, a escribir escribiendo, a juzgar se aprende juzgando. No conviene a la administración de justicia que los cargos de magistrados, ni tampoco los de los señores jueces, sean llenados con litigantes y mucho menos con abogados de pacotilla, sin títulos y sin merecimiento judicial alguno, para que les queden debiendo favores a sus electores, con fundamento en pactos de sangre corruptos y juramentos de Omertá.

Esas designaciones politiqueras son un irrespeto y un ataque a toda la rama judicial y toda esta vagabundería se llama corrupción, pues la politiquería todo lo prostituye. Prostituyó a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, a los juzgados y a altas cortes, en todos los casos con muy honrosas excepciones. En una palabra, prostituyó al Estado que se transformó en un régimen corrupto y corruptor, como lo denuncio Álvaro Gómez Hurtado, régimen que debemos combatir si no nos queremos convertirnos en un satélite Cubano, como le sucedió a Venezuela, donde el máximo juez es el sátrapa de Raúl, la bestia de Maduro, el virrey de los mamertos.

La tal jurisdicción para la paz, yo diría más bien, que para los promotores de la guerra, viola el principio de igualdad constitucional. ¿Usted violó y reclutó menores, destruyó el medio ambiente, voló pueblos; asesinó a centenares o a miles campesinos, militares y policías; incurrió en delitos de lesa humanidad? ¡Ah! No haberlo dicho antes, usted va para el Senado y ¿usted se robó un caldo de gallina el Éxito o le fabularon un delito? Usted paga 20 años de cárcel. Esta es la justicia adefesio, la justicia injusta y por ello debe desaparecer, porque la injusticia no puede ser derecho, porque el derecho por definición es justo.

Presidente Uribe. ¿Quiere hacer algo por la justicia colombiana? impulse la constituyente, pero evite también, a toda costa, que una politiquera como la exmagistrada Cabello Blanco llegue a ser elegida por el congreso como procuradora. Su afán no es del de servirle a nadie, ni de contribuir a la solución de los problemas de la justicia, ni garantizar el cumplimiento de la ley ni la defensa de los derechos de los demás, sino el de acumular poder, para alcanzar quien sabe que oscuros intereses. Yo sé que es difícil encontrar un Mario Aramburo Restrepo, pero a alguien que no se les venda a los politiqueros si hay que tratar de encontrarlo. ¡Piénselo, salve al país!

3 comentarios en “¿Ataque político o medida de aseguramiento?”

  1. Excelente tu artículo Leon,a vos no te parece oportuno crear un nuevo país con base Antioquia,con departamentos unidos como:Córdova,Caldas,Quindio,Risaralda y El Valle y otros más y quedará Bogota o Colombia restante como Bolivia,sin acceso al mar y con todas sus Cortes. Saludes Beto

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    • Formidable artículo, apreciado José León. No soy el indicado para decirlo, pero es un cátedra de derecho penal, civil y moral.

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