“Ningún acto de corrupción se tolerará.” Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General.
Las partes de un proceso, al decir de Carnelutti, se distinguen por lo parcializadas que son, pero el juez no puede ser parte sino que tiene que ser absolutamente imparcial y adicionalmente luchar por no dejar de serlo, pues el maestro aseguraba que “…es necesario no ser partes para ser jueces…”
Y esa es la diferencia entre el juez y la partes. El juez no es parte y en el momento en que asume la posición de una de las partes deja de serlo. El Juez para poder inclinar la balanza en favor de una de las partes, al dictar sentencia, debe actuar solamente movido por la verdad, en estricto acatamiento a lo que le demuestran las pruebas y a lo que le mandan las leyes, la ética y su conciencia y no movido por consideraciones políticas o en espera de eventuales recompensas.
Calamandrei, en su obra Elegio de los Jueces, agregaba que “…el juez debe estar desligado de toda vinculación humana, por encima de toda simpatía y de toda amistad; y bueno es que los que van a ser juzgados lo sientan lejano, inaccesible, como una divinidad en su empíreo.” y en estos tiempos de jueces gramcianos, es bueno recordar la siguiente anécdota que trae el maestro italiano en dicha obra, sobre un magistrado quien, en una audiencia, pronunció las siguientes palabras, en la época del fascismo, para protestar por los falsos positivos judiciales, técnicamente conocidos como prevaricatos: “…Lamento no poder dar a usted la conformidad que de mi solicita. Utilizar las cárceles judiciales para detener inocentes, es acto contrario a la ley y a las costumbres italianas. Desde que sirvo al Estado en la administración de la justicia no he hecho jamás nada contrario a mi conciencia. Dios es testigo de que no hay jactancia en mis palabras…” o en otras palabras, que son las del doctor José Gregorio Hernández Galindo: “…En este sentido, no es lícito acudir a estratagemas o a patrañas para lograr la impunidad de quien se sabe que es culpable, ni pretender, mediante procedimientos tortuosos, la condena de un inocente.”
“Mutatis mutandis”, los servidores públicos ─ presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, rectores de universidades, gerentes de empresas prestadoras de servicios públicas o comerciales e industriales del Estado, miembros de juntas directivas o consejos superiores y demás servidores, etc.─ solo deberían, con las remuneraciones millonarias que el Estado les asignó, dedicarse, con estricta sujeción a ley y a la ética, a servirle a la comunidad exclusivamente y a fortalecer, o a enriquecer a esas empresas y no a llenar sus alforjas indebidamente, que es lo que está sucediendo en este país desde hace muchos años y por ello el maestro Darío Echandía Olaya, un servidor público pulquérrimo, decía que “Colombia es un país de cafres” y la palabra cafre, según mi tocayo José Jaramillo Mejía, columnista del diario La Patria, “…proviene de una región del sureste de África, Cafrería, excolonia inglesa, donde se dieron en una época hechos de violencia tales que generaron el término cafre como calificativo para “personas crueles, salvajes, brutales o rústicas”; o, también, “de mal gusto o vulgares” ¿Conoce usted, amable lector, a algunas de esas personas haciendo política en Medellín o en el resto del país?
Y agrega Jaramillo Mejía, que Echandía “…Es el único colombiano que ha ocupado la presidencia de los tres poderes del Estado: presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Congreso Nacional y presidente de la República. Y nunca su nombre se vio vinculado a un hecho de indelicadeza administrativa o inmoralidad profesional. Era, él sí, “honorable”. Eso le dio autoridad para decirle a un pupilo y paisano suyo, que conquistó altas posiciones políticas y fue pillado por corrupto: “Vea, mijo: en política se pueden meter las patas, pero no las manos.”.
El papá Francisco, consciente de la podredumbre del régimen corrupto y corruptor que rige los destinos de nuestro país, en un discurso dirigido a los participantes del encuentro mundial de movimientos populares del 2016, entre otras cosas, dijo lo siguiente: “…A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero, parafraseando al ex presidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política, que no se meta en una organización social o en un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario…”
Por lo tanto algunos miembros de la anterior junta de emp, de todos los medellinenses ampliamente conocidos, y el alcalde actual, no deberían volver a ocupar la posición de miembros de la junta de epm, ni el alcalde continuar presidiendo esa junta, pues a ellos, entre otros, es a quienes se dirige el papa.
El doctor Luis Fernando Álvarez J, distinguido exconsejero de Estado, quien enaltecía e iluminaba con sus luces y su reconocida prudencia, a la anterior junta de epm, en su última columna, en El Colombiano, escribió: “…En términos de funcionamiento empresarial, incluso podría pensarse que es más importante y se requieren mayores requisitos técnicos y administrativos para desempeñarse como gerente general de EPM, que para ser alcalde de Medellín. En estas circunstancias, puede suceder que un alcalde que no tenga suficiente y reconocida trayectoria y peso político deba nombrar para la gerencia a una persona que se supone requiere una gran experticia técnica y administrativa. Este es uno de los graves problemas que plantea el marco normativo existente sobre este tema, pues en varios aspectos, el designado adquiere mayor jerarquía que quien lo designa.”
Lo que para mí significa que es indiscutible que las normas del gobierno corporativo de epm son inoperantes, son legislación trasnochada e ineficaz o que simplemente perdieron positividad y por ello es necesario modificar las normas de la pirámide jurídica que sea necesario reformar, para exigir que los candidatos de los partidos a las alcaldías y demás cargos de elección popular y los candidatos a gerentes de las empresas del Estado, deban ser elegidos por los directorios o por las juntas directivas de esas empresas, pero estableciendo previamente que las ternas para seleccionarlos sean elaboradas por empresas internacionales de selección de personal, estableciendo para ello “…una matriz de competencias, con exigentes pero razonables requisitos, que prueben un perfil ético, estratégico, profesional y académico y de conocimientos de los sectores donde se mueve la empresa…” , o se moverá el elegido, como lo recomienda la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano, pues mientras un alcalde corrupto, carente de ética y sin la preparación necesaria, pueda nombrar como gerente de esas empresas y a más de la mitad de los miembros de su junta directiva, a quienes a él le venga en gana, para entrarle a saco a epm o ponerlas al servicio de terceros, es imposible exigirle a esas empresas que cumplan las normas de un gobierno corporativo.
Tenemos que crear con urgencia un grupo político, en el cual el menor desliz ético sea causal para ser expulsado con ignominia de ese grupo. ¿Dónde está la dirigencia ética antioqueña, para que impulse estas acciones o cualquier otra que sea necesaria para modificar el ordenamiento para escoger los miembros de la junta directiva y a un gerente que ejerza el cargo de manera indefinida ─ salvo que se ensucie las manos durante su gestion─ a un candidato con un perfil similar al del doctor Diego Calle Restrepo, como nos lo recomienda la columnista Elbacé Restrepo en su sesuda columna “Otro como Diego Calle”, la que les recomiendo leer.
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/otro-como-diego-calle-LO14921468%20idart=
Obviamente no fue Quintero Calle el responsable de las pérdidas por 9.9 billones de pesos en Hidroituango, ni de los 300 millones de dólares en la construcción de Bonyic (Panamá), ni de los 50 millones de dólares en el negocito de Orbitel, ni de los 72 millones de dólares en Ticsa (Méjico) y estas pérdidas son apenas la punta del Iceberg que disparó el costo de nuestros servicios públicos, pero les auguro que si Quintero Calle sigue en el cargo de alcalde de Medellín, dirigido por la mano peluda de Gaviria, en menos de dos años, esas empresas podrán ser compradas, con la menuda, por quienes han querido comprarlas desde hace años, mientras no habrá sueldos suficientes para pagar las nuevas y salvajes tarifas que también les auguro tendremos que pagar.
Hagamos algo pues, como dice Murphy, “Si dejamos que las cosas marchen solas, suelen ir de mal en peor.” Ojalá el fiscal promueva una auditoria forense en epm, a la brevedad. ¡Salvemos a epm”!
José León Jaramillo Jaramillo es abogado litigante, reconocido columnista de opinión . Además, ha ocupado importantes cargos en los sectores público y privado, como que fue procurador general de la nación (e). Leer más.