Los que contamos ya con edad suficiente para ser población de riesgo en tiempos del covid-19, recordamos, con lágrimas y con profundo dolor de patria, la mal llamada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, nombre con el que abusivamente y con el mayor cinismo, la bautizó el grupo de asesinos del M19 ─ uno de los tantos ejércitos criminales e irregulares al servicio de los Castros ─, que fue contratado por los narcotraficantes nacionales, socios de los Castros, para tomarse, a sangre y fuego, el palacio de la justicia y quemar los expedientes que se tramitaban en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y para forzar a los magistrados a juzgar y a condenar, públicamente, al presidente Betancur y a su gobierno y, para ello, secuestraron a los señores magistrados que allí se encontraban.
¿Ataque político o medida de aseguramiento?
Es urgente una constituyente para despolitizar a la justicia
La medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya había sido anunciada en todos los mentideros políticos y judiciales, pues el odio y el deseo de venganza de la sala penal de la Corte contra éste, son hechos notorios. La justicia no puede continuar operando así y por ello se requerimos una constituyente para reformarla.
EPM: ¿Objeto social o criminal?
La crisis de EPM no se va a superar con la ampliación de su objeto social a toda suerte de actividades mercantiles, para que su gerente y su junta directiva puedan continuar festinando o jugando monopolio, de la manera más irresponsable, con los recursos públicos, en beneficio del GEA y de otros terceros ampliamente conocidos por el común.