Necesitamos una constituyente para corregir el rumbo mafioso de la república.
“La finalidad de la guerra es el homicidio; sus instrumentos el espionaje, la traición, la ruina de los habitantes, el saqueo y el robo para aprovisionar al ejército, el engaño y la mentira, llamadas astucias militares” León Tolstoi.
Integrar una constituyente no es irresponsable, ni es abrir una caja de Pandora. La verdadera caja de pandora que nos abrieron irresponsable e ilegalmente a los colombianos, fue la constitución de 1991, la cual fue redactada en el desgobierno de César Gaviria Trujillo, por Carlos Gaviria Díaz y el M-19, de la que se nos siguen derivando toda suerte de consecuencias desastrosas y, por lo tanto, es urgente convocar una nueva constituyente, para tratar de resolver con ella los grandes problemas nacionales de corrupción y de ineficiencia del Estado y, sobre todo, para acabar con el régimen corrupto y corruptor que ésta fortaleció y que se sigue fortaleciendo desde entonces y del que tanto se quejaba Álvaro Gómez Hurtado.
El primero y el más grave de los problemas nacionales, es el de la politización, corrupción, morosidad (paralización) y mamertización o institucionalización del prevaricato en la justicia colombiana y demás conductas de podredumbre de la rama, los que son gravísimos, porque, como bien lo dice el ex – magistrado José Gregorio Hernández Galindo, uno de los mejores magistrados que de la Corte Constitucional ha sido: “…Cuando sucumbe la Justicia desaparece el Estado de Derecho. Las reglas son quebrantadas; no hay valores, ni principios, ni ética. La sociedad queda desconcertada e impotente…la corrupción y la politiquería se han extendido de manera alarmante en el interior del aparato de justicia y en los órganos de control…Que magistrados declaren ante sus colegas que las decisiones en materia penal se deben adoptar con criterio político y no jurídico, resultaría inconcebible si no existieran grabaciones y testimonios conocidos públicamente. Pero se trata de propuestas reales, prevaricadoras, impropias e indignas de un juez, con mayor razón si es magistrado de una alta corporación. Y lo que no sabemos es si esto se ha investigado.”
Lean la columna: http://www.lalinternaazul.info/2020/08/26/se-hunde-el-barco/
La constituyente debe establecer una verdadera carrera judicial, donde a la judicatura solo pueda ingresar, como juez, quien sea abogado titulado y cuente además con reconocidos méritos académicos y experiencia en la rama, como secretario o abogado auxiliar siquiera, por un lapso mínimo de dos años y siempre y cuando el interesado gane el concurso, pues hay que imponer los méritos y no las palancas clientelistas y prevaricadoras de la rama.
Debe igualmente, el constituyente, prohibir la puerta giratoria de la judicatura al litigio y viceversa. De tal manera, que quien se retire de la rama no pueda reingresar a ella como juez y que a las altas magistraturas solo se pueda acceder como el reconocimiento a una exitosa, honesta y larga carrera judicial y en consideración a los resultados obtenidos en la rama, en la que el aspirante debe haberse distinguido por un buen ejercicio judicial y no como el resultado de una componenda corrupta.
El abogado que aspire al ingreso a la rama judicial debe formarse para ello y, por lo tanto, debe cursar durante su carrera, en lo posible, distintas especializaciones profesionales tales como posgrados y maestrías, creadas para el efecto, es decir, orientadas al servicio judicial. No se puede seguir improvisando magistrados de cortes, tribunales y jueces, echando mano de abogados litigantes o de docentes universitarios, sin ninguna formación y sin ninguna experiencia en imparcialidad, ponderación, prudencia, humildad, parsimonia y ecuanimidad, virtudes que deben exigírsele a un Juez. Quien escoja el litigio, debe ver en este un ejercicio parcializado en favor de sus clientes y tratar de que se imponga la justicia y no únicamente el derecho. La docencia, debe beber de ambas canteras, de la judicial y de la litigiosa.
Convertir a los procuradores judiciales en jueces y magistrados. – Son muchas las medidas que una constituyente puede adoptar y para la muestra la siguiente vieja propuesta: la Procuraduría tiene presencia en las treinta y dos (32) ciudades capitales del país y en 20 de ellas, cuenta con sedes provinciales, en las que laboran un poco más de cuatro mil quinientas (4.500) personas, todo un ejército, sino son más.
Ahora bien, teniendo en cuenta que, en todas las instituciones del Estado, por disponerlo así la ley del ministerio público, hay una oficina de control interno disciplinario ─medida que para mí se adoptó para incrementar las clientelas ─, ¿por qué no fortalecer, más bien, con ese ejército de funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial, en estos momentos de crisis? Me refiero a fortalecerla con los abogados, grados 15 a 24, convirtiéndolos en jueces y magistrados y a sus auxiliares en auxiliares de la rama, pero prohibiendo la ley que les manden negocios de otros despachos, para evitar más corrupción y podredumbre. Solo se les repartirían negocios nuevos. La labor del ministerio público es pobre y muy deficiente, es mucho el tiempo que en la Procuraduría se pierde, tanto en esas labores de ministerio público como en las disciplinarias.
Las investigaciones que por presuntas faltas disciplinarias se inician contra servidores del Estado o contra particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del erario, son vergonzosas y sus resultados desalentadores. Un gran porcentaje de esas investigaciones se inicia por denuncias temerarias, presentadas en ejercicio de pequeñas venganzas políticas.
La bondad de este proyecto es que fortalecería a la rama y no le generaría nuevos costos al Estado, pues ahí están los funcionarios, mal utilizados por la Procuraduría, y las nóminas debidamente presupuestadas.
El segundo, es el del debilitamiento sistemático y progresivo de las Fuerzas Militares y de Policía, por parte de las tres ramas del poder, para permitir el fortalecimiento de las narcoguerrillas Castristas, del narcotráfico y del crimen organizado ─ como factores de guerra y de corrupción─ para facilitar la transición de la democracia a la dictadura comunista.
Santos, por ejemplo, debilitó a los servicios de inteligencia del Estado, a tal punto que, como bien lo sostiene el magistrado Hernández Galindo, “…Las instituciones no están operando. Los órganos colombianos competentes “descubren” lo que pasa, no por su propia actividad sino por las investigaciones de organismos norteamericanos, como ocurrió en los casos del Fiscal “anticorrupción” y en los de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes, gracias a esas investigaciones, hoy no forman parte de nuestro máximo órgano de justicia.
Sin que podamos olvidar que Santos, permitió, igualmente y para beneficiar a los castros y a las guerrillas y de paso a los grupos paramilitares y de delincuencia común, el incremento salvaje de las hectáreas de coca y la producción de narcóticos, como factores desestabilizadores de la democracia.
El accionar paramilitar de las Farc, del ELN, etc., de todos estos bandidos, desató una guerra en Colombia absolutamente fratricida e incontrolable y ésta, ha causado la muerte de centenares de líderes sociales y de defensores de los derechos humanos, quienes han sido asesinados por estos salvajes al servicio de los Castros.
Si las fuerzas de Ejército y de la Policía tratan de erradicar manualmente, son agredidas con minas y fusileros, camuflados, estos últimos, en las comunidades controladas por las narcoguerrillas y si tratan de fumigar, son perseguidas por la gran prensa y por los brazos políticos de la FARC, aun con acciones de tutela, acogidas de inmediato por la jurisdicción.
Es necesario entonces que una asamblea nacional constituyente, enderece el mentiroso acuerdo de paz.
El tercero es la presencia de un sistema carcelario corrupto y criminal, que se mantiene para que en Colombia delinquir si pague. Nada se ha hecho para solucionar este flagelo; esa institucionalización del delito en los establecimientos carcelarios, esa connivencia con la violación de los derechos humanos y de la Ley, por parte de la indolente justicia colombiana.
El cuarto es el de las elecciones populares de presidente de la república, congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados delincuentes, quienes, en su gran mayoría, no representan a las clases populares, a las que engañan para llegar al poder. Estos representan sus propios intereses, los de los bandidos, industriales y comerciantes deshonestos, jefes de combos, guerrilleros y paramilitares, quienes les compran, por anticipado y en efectivo, a la mayoría de los candidatos, sus decisiones, los contratos de las administraciones y aun los cargos de la burocracia que les corresponderá administrar.
Por ejemplo, Santos, para hacerse elegir abrazó las banderas uribistas y apenas alcanzó el poder las pisoteó, para abrazar las suyas, las de las FARC. Estas conductas ameritan sanciones de rango constitucional, maxime cuando su irrespeto al estado de Derecho se “…demostró con el desconocimiento oficial de los resultados del Plebiscito y las múltiples violaciones de la Carta Magna y con el famoso Fast Track.”·, para usar palabras del multicitado magistrado.
El quinto es el de las elecciones criminales (trueques -«do ut des«) de fiscal, contralor, defensor de pueblo y magistrados, por parte del ejecutivo, del congreso y de las cortes corruptas y politiqueras; prácticas ilegales, todas las mencionadas, que dieron al traste con el ineficaz sistema de pesos y contrapesos constitucional. ¿Qué país tenemos? y después las gentes se preguntan ¿qué por qué viene Petro, a encarcelarnos a todos y a transformar al país en una prisión, para materializar el sueño de los carceleros noruegos o del denominado Club de Bilderberg y del Foro de Sao Paulo, como lo hicieron con Venezuela, al punto de destruirla.
Coletilla 1.- Soy uribista pero no puedo entender las decisiones desacertadas de este gobierno. El presidente se queja de la medida de aseguramiento, de naturaleza domiciliaria, que decretó la Corte en contra del ex – presidente Álvaro Uribe Vélez, pero en vez de haber ternado como su candidato a la procuraduría a un jurista independiente y decente, a alguien que pudiera, desde esa altísima posición de poder, contribuir a la solución de los múltiples problemas de corrupción que afligen a la justicia, ternó, más bien, a una politiquera barranquillera. ¡Apague y Vámonos!
Coletilla 2.- ¿Revocarle el mandato al alcalde de Medellín? En Antioquia la gran mayoría de los antioqueños es Uribista. En esta tierra se respetamos como el gran luchador y defensor de la democracia que es y ha sido. Es mucho lo que le debemos. Si el doctor Uribe considera que el alcalde es una amenaza para nuestra democracia y para EPM y nos invita a revocarle el mandato, no vacilaremos en hacerlo. Ahora bien, con el cuento de los contratistas chinos el alcalde rebosó la copa, pues ya veo para donde van Gaviria y Daniel Quintero, a mamertizar a EPM y a endeudar más al país. Aquí necesitamos contratistas colombianos y no chinos expansionistas y explotadores y si quiere saber un poco más de los chinos y sobre los daños que están causando y los peligros que se ciernen sobre toda la América Latina, visite el siguiente link, para que no se deje engañar. No más comunistas. ¡Hay que revocarle el mandato al alcalde ya!
José León Jaramillo Jaramillo es abogado litigante, reconocido columnista de opinión . Además, ha ocupado importantes cargos en los sectores público y privado, como que fue procurador general de la nación (e). Leer más.