La doctora María Paulina Aguinaga Lezcano además de ser una de las concejalas más activas y brillantes de la ciudad de Medellín, se graduó en finanzas y en relaciones internacionales y adicionalmente cuenta con una maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de San Francisco; donde le fue otorgado el premio Delta de Economía por su excelencia académica.
De su experiencia laboral se destacan su labor en la ONU como oficial asistente, de un programa que se desarrolló en Colombia, sin que pueda olvidar que fue consultora del Banco Mundial para África del Este; asistente de investigación de Be Your Own Economist y profesora asistente de métodos de investigación y economía experimental en la Universidad de San Francisco, California.
La doctora María Paulina fue la primera en denunciar todas las irregularidades acaecidas en Hidroituango y en las Empresas Públicas de Medellín, hace ya más de cinco años y muy especialmente el año pasado (2019), cuando publicó un documentado libro sobre sus hallazgos en EPM, el que tituló “EPM para mañana es tarde”
La siguiente es la carta que esta concejala, la doctora María Paulina Aguinaga Lezcano (foto), les envió al doctor Álvaro Guillermo Rendón López, el nuevo gerente de esas empresas y al alcalde de Medellín, proponiéndoles que le contraten una Auditoría Forense internacional, al proyecto de Hidroituango.
Dada la importancia de esta propuesta, me permito compartirles, a continuación, el texto de la referida carta.
Propuesta de contratación de una Auditoría Forense internacional al proyecto Hidroituango
Doctor
ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ
alvaro.rendon@epm.com.co
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN CARRERA 58 # 42-125
MEDELLÍN
Doctor
DANIEL QUINTERO CALLE
daniel.quintero@medellin.gov.co
Alcalde de Medellín
CALLE 44 52-165 CAM LA
ALPUJARRA PISO 12
MEDELLIN
Asunto: Propuesta de contratación de una Auditoría Forense internacional al proyecto Hidroituango
Respetuosamente me permito proponer la contratación de una Auditoría Forense al proyecto Hidroituango, que incluya la etapa precontractual, contractual y de ejecución, de todos los contratos de diseño, asesoría, interventoría, construcción, y muy especialmente el contrato con el consorcio CCC Ituango, los contratos para la construcción de los túneles de desviación, para la fabricación e instalación de las compuertas de los túneles de desviación, para la construcción de la carretera Puerto Valdivia-Presa, para el retiro de material vegetal del lugar de la presa, entre otros. Hago esta solicitud, en consideración a los siguientes argumentos:
La sostenibilidad de EPM hay que garantizarla por encima de todo, y el proyecto Hidroituango no puede convertirse en un desangre sin límites, con continuas sorpresas a cuenta gotas, de preocupantes retrasos, billonarios sobrecostos y riegos ambientales, técnicos y sociales.
Hay que decirlo con toda claridad, Hidroituango no es viable financieramente, pero se debe continuar con su construcción para que las pérdidas sean menores. No obstante, esa continuación no puede ser emocional sino argumentada, analizando si el proyecto debe mantenerse con la capacidad instalada y de generación inicialmente concebida, cueste lo que cueste, a costa de impactar la sostenibilidad de EPM, o si redimensionar el proyecto puede ser una alternativa a considerar. Lo que más deseo es que se pueda ejecutar tal como fue pensado.
No podemos tener miedo a analizar esta alternativa, ya EPM en el caso de Porce IV, a pesar de tener contratos adjudicados cuya terminación implicó compensaciones para los contratistas y a pesar de tener que pagar una multa de más de $23.000 millones a la CREG en el año 2012, canceló totalmente el proyecto, porque en el área de influencia hubo un aumento de población a reubicar e indemnizar, incrementando así los costos del proyecto, lo que económicamente en proporción al tamaño del proyecto era muy inferior a los $5 billones adicionales en Hidroituango y que pueden ser más.
También debemos estar atentos a no repetir la desastrosa ejecución de la construcción de la Hidroeléctrica Bonyic en Panamá, donde al parecer el lema era gaste que EPM paga, y fue así como costó casi 6 veces lo presupuestado, con el agravante de que hubo fallas en la gerencia y control del proyecto por parte de EPM. Ya se han perdido cerca de $1,5 billones en una central 75 veces más pequeña que Hidroituango. Es conveniente anotar, que sobre este proyecto EPM contrató una auditoría forense, cuyo contenido se me han negado en múltiples oportunidades. Lo grave es que no se han tomado medidas frente a las irregularidades, con el argumento de que las firmas Conconcreto e Integral, también protagonistas principales en el proyecto Hidroituango, son aliadas de EPM. Hubiera sido más acertado cancelar Bonyic que Porce IV.
Cuando además de lo anterior, se encuentra que Porce III tuvo adiciones en el contrato de obras civiles equivalentes al 107% del valor inicial con el mismo consorcio CCC, que construye Hidroituango, me pregunto ¿Será que algunos en EPM han perdido la rigurosidad técnica, jurídica y financiera de otras épocas? Al consorcio CCC que construye Hidroituango se le adjudicó el contrato por $1,89 billones, sin embargo al 31 de mayo de 2020 ya se le habían adicionado $2,5 billones, equivalentes al 134% del valor inicial. Con estos casos ilustrativos, entre otros que existen, cabe la duda del buen gerenciamiento, control y sustentación de las modificaciones contractuales. Mientras más costoso sea el proyecto, mejor para los contratistas y proveedores de cemento, concretos y otros materiales.
Es imperativo cerrar la brecha entre la realidad del proyecto y lo que se informa, se necesita información objetiva, independiente, calificada, confiable, ética y no selectiva, que sustituya la actual intoxicación y guerra informativa que tanto daño le hace al proyecto y a EPM.
La contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía abordarán sus actuaciones desde el punto de vista fiscal, disciplinario y penal, pero no desde el punto de vista empresarial para tomar decisiones. Lo mismo ocurre con las autoridades ambientales, del sector eléctrico, superintendencias, entre otras, cada una en su campo.
No olvidemos que la licencia ambiental del proyecto continúa suspendida, así se haya autorizado continuar los trabajos para la instalación de las primeras unidades de generación, en la medida que con ello se contribuye a mitigar riesgos en el proyecto, principalmente por la presión con la que trabaja el vertedero.
Considero que no se ajusta a la realidad del proyecto la afirmación de la alta dirección de EPM, en el sentido de que actualmente los riesgos de Hidroituango son únicamente jurídicos, y no técnicos, que prácticamente han desaparecido los riesgos para las comunidades aguas abajo. Hay que cuidarse de no caer en un falso optimismo técnico, financiero, ambiental y social. Técnicamente los
expertos y el mismo EPM coinciden en que es muy riesgoso que el vertedero trabaje de manera continúa durante años, y esto está ocurriendo, con el agravante de que ya se informaron nuevos retrasos, lo que implica más tiempo de trabajo continuo del vertedero, que hoy es la única salida del agua.
El túnel de descarga intermedia para garantizar el caudal ecológico no está terminado, la casa de maquinas, el corazón del proyecto, ni siquiera ha podido ser inspeccionada en su totalidad, así que la viabilidad técnica del proyecto con la capacidad presupuestada y en los nuevos plazos prometidos, deja muchas dudas. Aquí también vale afirmar que las emociones para complacer al público no son buenas consejeras.
EPM tendrá que enfrentar muchas y cuantiosas actuaciones jurídicas en su contra e igualmente tendrá que hacer actuaciones jurídicas en defensa de sus intereses, para lo cual, esta puede ser una información muy útil.
No se puede aceptar casi como normal y manejable un sobrecosto hasta ahora estimado en $5 billones, equivalentes al 44% del valor inicial
Ya se han pagado cuantiosas sanciones por incumplimientos ambientales y la no entrada en operación en las fechas prometidas y seguramente vendrán más sanciones, algunas claramente imputables a los contratistas y EPM no ha procedido en consecuencia.
A ISA se le tiene que pagar durante varios años cerca de $13.000 millones mensuales por unas líneas de transmisión sin utilizar. También las pérdidas de remuneración por Obligación de Energía en firme son billonarias.
Aún en el caso más optimista de pago de los seguros, EPM tendrá que asumir más de dos billones de pesos por no cobertura y deducibles. En el solo caso de responsabilidad civil extracontractual EPM ha presupuestado que tendrá que asumir de su propio bolsillo más de $550.000 millones, en el caso del lucro
cesante la cobertura es solo por 9 meses para cada unidad de generación y respecto a los daños también pueden haber sorpresas.
Claro que, en un proyecto, y más de esta magnitud, es normal que haya imprevistos, cambios de decisiones durante su ejecución e incluso hasta equivocaciones, pero hay eventos y decisiones que muy difícilmente son equivocaciones, es por ello que visibilizarlas y solicitar esta auditoria forense no puede, ni debe ser visto como un ataque al proyecto o a EPM. El costo de esta auditoría forense que propongo, es insignificante frente a las billonarias decisiones y eventos del proyecto.
Cordialmente,
María Paulina Aguinaga Lezcano Concejal de Medellín
C.C.
43.979.023
Copia: a
Dr. Jorge Iván Palacio Dr. Omar Flórez
Vélez
Dr. Pablo Felipe Robledo del Castillo Dra.
Bernardita Pérez Restrepo
Dr. Guillermo León Diosa
Pérez Dr. Jorge Andrés Carrillo Cardoso Dr. Olmer Orlando
Palacio Garzón
Dr. Gildardo Antonio Correa Salazar
Elaboró: María Paulina Aguinaga Lezcano
José León Jaramillo Jaramillo es abogado litigante, reconocido columnista de opinión . Además, ha ocupado importantes cargos en los sectores público y privado, como que fue procurador general de la nación (e). Leer más.