¿Hay qué matar a los ladrones?

¿Quiere la fiscalía que asesinen a quienes ejercen su legítima defensa?

Eso parece, pues el lunes cuatro de los corrientes dos malandros, según los testigos, portando armas de fuego y cuchillos, decidieron atracar un bus de SITP, en la ciudad de Bogotá, para despojar de sus celulares, de sus dineros y de sus demás pertenencias a sus pasajeros; esto sucede prácticamente a diario en todas las ciudades colombianas, cuyos habitantes vivimos aterrorizados con el accionar criminal de estos malandros.

Como lo informaron los testigos del hecho, una de las víctimas de ese atraco, en ejercicio de su legítima defensa, tanto la de su vida como la de sus bienes, reaccionó, cuando, por la fuerza, lo iban a despojar de una bolsa de mano y, por temor o por cualquier otra razón, enfrentó a uno de los ladrones y lo despojó de su cuchillo y para neutralizando, en el fragor del combate y temeroso quizás de que el otro malandro o algunos de sus acompañantes lo mataran, con esa misma arma blanca, neutralizó al bandido, pegándole una puñalada y afortunadamente, diría yo, el delincuente murió, con lo que de paso la ciudad se deshizo de un terrorista urbano, de un hampón armado con daga y pistola, como Michín el gato bandido, quien estaba decidido a robar y a matar gente; delincuente que de haber sido capturado, hubiera sido liberado para que continuara robando y asesinando gente, pues carecemos de justicia.

Ahora la fiscalía y la policía que no le pueden garantizar ni la vida, ni la justicia a nadie y que tampoco pueden mantener en las cárceles a nadie más, pues no hay cupos, esperan que, quien ejerció su derecho a la defensa, comparezca a la fiscalía a dar todos sus datos, para que alguien deshonesto, que no falta en esas dependencias oficiales, se los venda a los malandros y estos puedan ejercer venganza contra quien simplemente ejerció un derecho y contra su familia, en una ciudad aterrorizada por el hampa. Quien se defendió no debe querer presentarse tampoco, porque igualmente corre el riesgo de que un fiscal torcido, de esos que están al servicio de los bandidos, que tampoco faltan, lo ponga tras las rejas, pues casos se han visto.

Mientras carezcamos de justicia, de un sistema penitenciario eficiente, controlado por las autoridades y no por los internos y nos revolquemos en la corrupción más espantosa, no habrá nada que hacer, salvo esperar a que los colombianos sigan el ejemplo del ciudadano que no aparece. Vamos a ver como este problema se va a incrementar, porque los vacíos de poder alguien los llena.

Sobre el particular la obra del Quijote es clara: “─Por Cierto, señor ─respondió Sancho─, que vuestra merced sea muy bien obedecido (sic) en esto; y más, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. ─No digo yo menos ─respondió don Quijote ─;…”

En Colombia es al revés, pues las actividades criminales, al parecer, protegidas por algunas autoridades, priman sobre los derechos de los ciudadanos de bien o, con otras palabras, vivimos un caos de inseguridad sin que nadie haga nada, salvo algunos medios y los mamertos del congreso, dedicados a atacar y a desprestigiar a la policía y al ejército, para impedirles cumplir con sus funciones, con miras a desprestigiarlos y a que se consoliden en los barrios populares los colectivos criminales, promovidos por Cuba, el Estado promotor de la industria terrorista, como los que hoy funcionan en Venezuela y enfrentan, con armas de guerra, a ese Estado criminal, en la lucha por el botín.

Estos atracos son la prueba de que las prohibiciones del porte de armas de fuego y de armas blancas no sirven para nada, pues sólo los ciudadanos de bien atendemos los llamados de las autoridades o de las leyes, para abstenernos de utilizar armas; pero ese llamado no lo atienden los delincuentes y por ello el porte de armas no se debió haber prohibido, pues, jurídicamente, no tiene lógica alguna prohibir lo que no se puede controlar, como los malos pensamientos.

Lo lógico sería imponerle 8 años más de cárcel al que cometa un delito utilizando armas, con o sin salvoconducto, extendiendo el concepto de arma a las de juguete (son idénticas a las reales y causan el mismo pánico en las víctimas, pues estas son incapaces de distinguir unas de otras) y a todo otro objeto con el que pueda ocasionársele la muerte a un ser vivo ─ estamos en mora de hacerlo ─ independientemente de la pena que se le imponga por el delito cometido y despenalizar el porte.

La regla debe ser que todo ciudadano pueda portar armas, salvo los delincuentes y que al que se le compruebe que cometió un delito utilizado un arma, con o sin salvoconducto, a la pena que se le imponga por la comisión del delito se le debe sumar la pena de un nuevo tipo criminal, que podríamos denominar: utilización de armas para cometer un delito.

El crimen se combate con Justicia social, con acciones decididas de las autoridades contra los delincuentes, con inteligencia, con frentes comunes contra la delincuencia, con redes de informantes, con cámaras de televisión, con efectivos servicios secretos de policía y de inteligencia, con un sistema judicial serio y fuerte y no con el actual que constituye una caricatura vulgar de la justicia.