Urgen medidas en materia judicial

Los juzgados inexistentes y el gobierno de SORDOS

Todos parecen coincidir en que el gobierno provocó al pueblo, exacerbado por el hambre y la miseria ─ las que se incrementaron con la pandemia─ con un nuevo proyecto de reforma tributaria, pero se dice que el gobierno tal vez pensó que nada pasaría por proceder de esa manera, porque Santos, el rey de la mermelada y de la corrupción, había presentado durante su mandato cuatro proyectos de reformas tributarias, que incluyeron subir el IVA del 16% al 19%, sin oír a nadie y sin que nadie lo cuestionara.

Pero lo cierto es que la violencia salvaje que hoy enfrentamos, además de ser promovida desde Cuba, Rusia y Venezuela, encontró como elemento detonante la sordera del gobierno, que solo oye a quien quiere oír, en todas las materias, al extremo de que durante su mandato nunca pensó en someter a consideración del congreso de indolentes y alejados de la realidad nacional ─ en cuanto solo trabajan para alcanzar sus intereses personales ─, un proyecto de reforma tributaria serio y técnico, que eliminara todas las exenciones y privilegios para quienes realmente puedan pagar renta, sin excepciones odiosas y que hiciera claras las normas para evitar abusos de los funcionarios, como se lo han recomendado a los distintos gobiernos, durante años, los especialistas en la materia y sobre todo un proyecto que descartara, de una vez por todas, gravar a la canasta básica o familiar con IVA, hasta que se encuentre un mecanismo para hacerlo, que garantice que ese gravamen no afectará a las clases menos favorecidas por la fortuna.

Pero así como al gobierno se le han dado consejos en materia tributaria, durante años, también, se les ha aconsejado a los distintos gobiernos realizar una reforma a la justicia, permitiendo que el proyecto sea acordado con los todos los actores de la administración de justicia, pero ni el gobierno, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Procuraduría oyen a nadie. Esta columna ha hecho recomendaciones en muchas ocasiones, pero yo ni quemo buses, ni ataco al Ejército, ni a la Policía Nacional, ni destruyo bancos, ni vandalizo almacenes.

La primera pandemia judicial se dio con la famosa descongestión judicial que no sirvió sino para nombrar jueces a personas sin experiencia, quienes se dedicaron a convertirse en los reyes del “a despacio”, a despachar los negocios más fáciles y a abandonar los demás que los obligaban a pensar y a estudiar, generando con ello una congestión judicial sin precedentes.  El daño que le hicieron a la administración de justicia fue monstruoso y la jurisdicción aun no se ha podido reponer, ni ha hecho absolutamente nada para solucionar ese despelote, salvo congestionar a algunos juzgados, hoy conocidos como los denegadores de justicia.

La segunda pandemia, la del “Covid”, les mejoró las condiciones de trabajo a los integrantes de la rama, al punto de que pueden laborar desde sus casas, con toda tranquilidad y sin tener que perder el tiempo que tenían que invertir en transporte diariamente, los que de paso les ahorra más de una fatiga.

Algunos aceptaron el reto y fueron creativos, no solo para mantener los canales de comunicación con los usuarios, sino para mejorarlos e incrementarlos, pero otros, una mayoría, no contestan los teléfonos ni los correos electrónicos y van a nuevamente “a despacio”.  No hacen nada, salvo causarle perjuicios a la comunidad, no obstante que como los educadores no han dejado de recibir sus salarios y prestaciones sociales y esos son los que generalmente ayudan a atacar el gobierno en las marchas.

Y hablando de hambre, otro de los grandes problemas actuales de la justicia es la demora en la entrega de títulos, por ejemplo los de alimentos, que no son otra cosa que dinero para que los niños puedan comer. Un colega en Cartagena me informa que los juzgados son paquidérmicos para entregarlos y que la única salida es tutelar. ¡Por Dios!

Es urgente una reforma a la rama que adopte los mecanismos necesarios para que esta dispense justicia sin dilaciones injustificadas, para que no siga vulnerando el derecho de los colombianos a acceder a la justicia y para exigirle que cumpla con sus demás deberes constitucionales y legales.

No solo es necesario adelgazar el congreso, es necesario adelgazar a la rama judicial. Las Cortes, por ejemplo, no debe tener tantos magistrados auxiliares y sus salarios se deberían reducir en un treinta por ciento. No así los de los jueces.

Es más, a los magistrados de las cortes y de los tribunales y aun a los jueces se le debiera pagar por negocio fallado y ahí si veríamos los resultados, pues “Por la plata baila el mono”

Por todo lo anterior es necesario que el Consejo Superior de la Judicatura establezca un canal digital de comunicación, donde los abogados y los demás usuarios de la administración de justicia podamos denunciar de manera anónima los atropellos judiciales y las dilaciones injustificadas de los procesos, para evitar convertirnos en víctimas de las consabidas retaliaciones judiciales. Las quejas de los abogados son muchísimas.

Esperamos que las autoridades atiendan este clamor de las gentes de bien, tales son: las que no tratamos de quemar policías vivos, ni destruimos los medios de transporte, ni incendiamos los bancos, ni llevamos a cabo bloqueos criminales, ni andamos en chivas creando terror entre la población indefensa.